Trabajar y recibir un sueldo muy por debajo del salario mínimo, con jornadas excesivamente largas, sin descanso semanal, sin contrato o bajo continuas amenazas de expulsión, en condiciones de hacinamiento, siendo objeto de malos tratos verbales, físicos y/o sexuales en el lugar de trabajo y/o en un entorno que perjudica gravemente la salud y la seguridad, son las situaciones a las que a menudo se enfrentan millones de trabajadores en todo el mundo, incluido nuestro país.

La dependencia de su empleo y su empleador por deudas relacionadas con la migración, su situación jurídica, los familiares que dependen de las remesas que envían, el desconocimiento de la cultura local, el idioma, sus derechos laborales y la legislación en materia de trabajo y migración en el país donde están empleados, son algunos de los factores de vulnerabilidad que favorecen que algunos empleadores abusen de esta situación vulnerando sus derechos e incluso manteniendo  condiciones de esclavitud o favoreciendo la trata de personas para la explotación laboral. Por otro lado, las leyes migratorias de la mayoría de los países favorecen esta situación al vincular los visados de empleo con un empleador del que no pueden desvincularse, o al no permitir el empleo visible en sectores que protegen el llamado “mercado nacional de empleo”, exponiéndoles a la economía sumergida.

Además, ante esta realidad se mantiene un sistema de impunidad que impide a las víctimas de estas violaciones de derechos humanos acceder a la justicia y ejercer su derecho más básico a la tutela judicial.

El miedo de estas personas a ser expulsadas del país, su situación administrativa irregular, las amenazas que sufren, así como la existencia de legislaciones nacionales que no reconocen ni protegen el derecho de las personas trabajadoras a no ser sometidas a condiciones de trabajo abusivas, son algunos de los motivos por los que las víctimas no denuncian.

Someter a las personas trabajadoras migrantes a situaciones de explotación laboral grave es un delito según la legislación europea y según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que debe ser perseguido y sancionado por los poderes públicos de los Estados. A su vez, estos tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho al trabajo digno de las personas que migran y sus familiares, con arreglo a los principios de igualdad y no discriminación y los tratados de las Naciones Unidas. Ante esta grave situación, desde Red Acoge se exige al Estado español que:

• Ratifique la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y refuerce el marco legal para que estas personas puedan ejercer sus derechos en unas condiciones de trabajo justas y equitativas.
• Garantice que las inspecciones de trabajo se realizan debidamente para combatir las violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas inmigrantes en el lugar de trabajo.
• Asegure mecanismos eficaces y contundentes para que los empleadores que comenten delitos de explotación laboral grave sean sancionados penalmente ya que, en muy pocas ocasiones se castiga a quienes violan los derechos humanos de las personas trabajadoras inmigrantes .
• Establezca un marco legal y unos instrumentos institucionales que permitan a las víctimas de condiciones laborales abusivas o de explotación, incluidos los migrantes irregulares, ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva sin temor a represalias y garanticen que todos los abusos, incluidos los malos tratos y la explotación, se investiguen y castiguen debidamente cuando proceda.
• Implantar programas de capacitación obligatorios a jueces, abogados, agentes del orden, inspectores de trabajo y funcionarios de control de la inmigración con respecto a los derechos humanos de las personas inmigrantes, con independencia de su situación, y al trato digno que merecen.

Red Acoge está convencida de que el empleo es una herramienta plenamente integradora, así como un elemento clave para desarrollarse y vivir una vida digna. Sin embargo, las personas migrantes acceden al mercado laboral en unas condiciones que no favorecen su inclusión en la sociedad de acogida.

Durante 2017 mediante los programas de empleo trabajamos con 1.332 personas inmigrantes de las cuales el 35% lograron un empleo. El 15% de ellas tuvieron una inserción laboral de calidad con contratos indefinidos.

Mantener a las personas migrantes y refugiadas en condiciones precarias en el entorno laboral, supone una grave vulneración de sus derechos y un delito que debe ser denunciado y perseguido.